En un giro trágico de los acontecimientos, la Fiscalía General del Estado ha confirmado que los cuerpos hallados recientemente en la parroquia Taura, cantón Naranjal, corresponden a los tres adolescentes y un niño que habían desaparecido desde el 8 de diciembre, luego de un operativo militar en Guayaquil. Esta revelación ha generado una fuerte ola de reacciones y ha incrementado el dolor en una comunidad ya marcada por la controversia. 

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El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, expresó su desolación a través de un mensaje que no oculta su frustración y dolor: "Estamos en la mierda, qué forma más triste de cerrar el año", expuso inicialmente.

Álvarez continuó su desahogo: "Échense la culpa entre ustedes, láncense la pelotita como quieran, puteen a quien sea, politicen lo que les dé la gana".

No obstante, el alcalde también reconoció el dolor irremediable que embarga a las familias afectadas, declarando que "nada calmará el dolor de los padres" y que la etiqueta de "asesinos" marcará a todos los involucrados, "directa o indirectamente".

Su mensaje concluyó diciendo que "este país ha tocado fondo. Se han roto paradigmas, pero para ser peores. No dan ganas de nada, duele todo", mientras enviaba sus condolencias a los padres de los niños.

Avances en la investigación

Mientras tanto, la Fiscalía ha intensificado su investigación, centrando su atención en los elementos que podrían vincular a los 16 militares con las desapariciones. Este esfuerzo condujo a la solicitud de prisión preventiva para los implicados, destacando la seriedad y la profundidad de la investigación en curso. La presencia de un delegado de la ONU como veedor del proceso subraya aún más la importancia de asegurar un juicio transparente y justo para todas las partes implicadas.

Este caso continúa desarrollándose bajo un escrutinio público y legal intenso.

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