Las detenciones de Michael Salazar, de 20 años, y José Calderón, de 19, presuntos integrantes de Los Choneros, permitieron a los investigadores de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO), localizar la guardia de una presunta organización criminal que operaba en Santa Elena.

El hallazgo fue la noche del 29 de octubre de 2024, poco después de abatir a un sospechoso identificado como Jikson Borbor, durante una persecución ocurrida entre las comunas Valdivia y Montañita (ver infografía).

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Tras un cruce de fuego y un accidente que terminó con el carro de los sospechosos en una cuneta, uno de los ocupantes de la moto que les brindaba custodia logró escapar, pero abandonó su ligero vehículo en un sector cercano. Además, uno de los aprehendidos decidió hablar.

En el expediente del caso se detalla que el sospechoso “menciona voluntariamente que estaba preocupado por el hermano, quien era conductor de la motocicleta”. En consecuencia, habría dado “información de un domicilio arrendado, que era (...) el punto de encuentro luego de realizar actos ilícitos”.

En este lugar no fue hallado el otro implicado, pero sí evidencias que confirman que este lugar era presuntamente utilizado por criminales. En el sitio, los peritos encontraron 38 cartuchos de proyectiles, calibre 9 milímetros.

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Esta evidencia es analizada por Criminalística, para determinar si tiene relación con otros hechos criminales, sobre todo porque la aprehensión de los sospechosos ocurrió cuando la ULCO había recibido información de que, esa noche, dos personan iban a ser asesinadas, por miembros del grupo terrorista Los Choneros.

Para reforzar la teoría de que se iba a cometer el crimen, los agentes encontraron un panfleto que, al parecer, iba a ser abandonado en el sitio de algún atentado. “ASÍ VA A QUEDAR TODO HP QUE JALE O VENDA LETRA BLANCA ATENTAMENTE LAS TRES CRUZE”. Es lo textualmente decía el escrito, con las mayúsculas y los errores.

Por ese motivo, al tratarse de un tema de delincuencia organizada, esta investigación fue trasladada a Quito, donde una Unidad Especializada en Crimen Organizado lleva la causa. En el expediente, el martes 5 de noviembre de 2024 se confirman detalles sobre las boletas de encarcelamiento de los procesados, quienes fueron llevados a la prisión de Jipijapa, en Manabí, para que cumplan con la prisión preventiva.

Otro motivo que llevó a trasladar el caso a la capital, de acuerdo con el expediente, fue que Santa Elena “ha sido identificada como un punto crítico en el contexto de la delincuencia organizada, con un aumento en actos violentos atribuidos a grupos delictivos”.

El abogado de los sospechosos, en audiencia, dijo que sus clientes negaron tener relación con el delito investigado.

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