Este lunes 29 de julio se cumple un mes del brutal crimen en contra de la subteniente Aidita Ati en el interior del Fuerte Militar Napo, en la provincia de Orellana, luego de una fiesta clandestina.

La oficial, de 25 años, habría sido violada, golpeada y luego asfixiada en su dormitorio. Cuatro militares, dos mayores, un teniente y un subteniente del mismo regimiento se encuentran procesados por el delito de femicidio.

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Ellos se encuentran con prisión preventiva y permanecen en la Cárcel 4, en el norte de Quito. Según las indagaciones del proceso, dos de los investigados tenían marcas de rasguños en sus cuerpos y se trata de determinar si los mismos fueron provocados por ellos o por una tercera persona.

Además, otros dos oficiales podrían ser vinculados al proceso judicial porque ellos habrían visto con vida a la subteniente, antes del brutal ataque que sufrió. Ellos ya dieron sus testimonios de lo que habría ocurrido la trágica noche.

Asimismo se esperan los resultados de otras pericias como el examen de ADN que les hicieron a los implicados y que los deben cotejar con las muestras de un líquido blanquecino que encontraron en las partes íntimas de la víctima.

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También se espera los resultados de la información que había en los celulares de los procesados.

Mientras tanto, los familiares de la subteniente realizaron un plantón en las afueras del Ministerio de Defensa, en el sector de la Recoleta, en el centro de la capital. Su intención fue exigir justicia a las autoridades por el femicidio. 

Llevaron pancartas con mensajes de protesta como :"Aidita, exigimos justicia por ti y por nosotras", "Si los militares nos hacen daño, ¿Quién nos protege?", "No somos objetivo militar", entre otros. 

Además, tenían unas cruces de madera pintadas de morado como símbolos para pedir que los hechos se esclarezcan. A la medida de hecho también asistieron familiares de otras víctimas de femicidio como Elizabeth Otavalo, madre de la abogada María Belén Bernal, quien fue asesinada por su esposo en la Escuela Superior de policía. 

Luis Ati, padre de Aidita, no pudo contener el llanto, y pidió a las autoridades que se haga justicia por el caso de su hija. "Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se aclare la verdad y que los culpables que cerraron los ojos de forma cobarde a mi 'guagua' puedan pagar con lo que manda la ley". 

El progenitor también pidió al ejército ecuatoriano que colaboren en la investigación y que limpien su nombre como institución "a la cual serví por más de 27 años". 

Finalmente no descartó la posibilidad de solicitar que el proceso judicial que se lleva en la provincia de Orellana sea trasladado a la capital. Luego de varios minutos en las afueras del Ministerio de Defensa, unos militares lo llamaron a él y a su esposa para que ingresara a las instalaciones y pueda hablar con algún representante de las Fuerzas Armadas. 

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