Los comerciantes de la Bahía tienen la consigna clara: ladrón que entra, ladrón al que le dan ‘palo’. Están cansados de la inseguridad y de que no haya patrullaje policial en la zona, por eso han decidido hacer justicia por mano propia.

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Así justifican lo que ocurrió el pasado sábado 28 de septiembre en este ajetreado y movido sector comercial de Guayaquil. Aquí, tres presuntos ladrones intentaron asaltar un local de venta de celulares, pero el ‘camellito’ les salió mal y eso desató la barbarie en pleno centro porteño.

“Ya no era la primera vez que les robaban. Eran como las cuatro y media de la tarde, y vimos que se acercaron tres tipos a pedirle dinero al dueño. Él tenía el efectivo en un canguro. Nadie intervino porque imaginamos que era un cobrador”, relató Juan (nombre protegido), testigo de cómo empezó la golpiza que acabó en muerte.

Los ‘vecinos’ se pusieron ‘pilas’ cuando los individuos sacaron armas de fuego y le pidieron todo el dinero, sin notar que detrás del comerciante se encontraba uno de los guardias de seguridad del negocio.“Él (guardián) les disparó, pero parece que la pistola (el tiro) se le encasquilló. En ese momento, los ladrones también dispararon para amedrentar y aprovecharon para correr hacia la avenida Malecón. Empezamos a gritar que lo cojan, que era un ladrón”, agregó.

A la voz de “cójanlo, cójanlo”, los otros comerciantes y ayudantes de la Bahía se unieron y corrieron detrás del grupo, pero dos de ellos alcanzaron a huir y solo persistieron en perseguir al sospechoso que tenía el canguro con el dinero.

Al llegar a la intersección de Colón y Pedro Carbo, a unas cinco calles del sitio del robo, el presunto ‘choro’ se resbaló y en ese instante la multitud aprovechó para empezar con la ‘paloterapia’: “le ‘cayeron’ a batazos y luego a patadas y puñetes. Yo, la verdad, es que me salí porque me dio pena. Una cosa es quitarle el dinero y seguirlo; otra, darle golpe hasta dejarlo ensangrentado”, aclaró.

Horas más tarde, la Policía Nacional confirmó que el supuesto ladrón, identificado como Michel Fernando Brunet Vite, de 26 años, falleció en una casa de salud.

Brunet tenía en su prontuario dos antecedentes criminales: uno en marzo de 2021, por ocultación de objetos robados, y otro en agosto de ese mismo año, por robo.

Desde el incidente, los vendedores de la zona andan ‘once’ a cualquier movimiento inusual, incluso a la presencia de cámaras fotográficas o celulares grabando los quioscos. Todos temen por represalias de alguna banda criminal a la que podrían haber pertenecido los ajusticiados.

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Por esa misma razón prefieren no revelar sus identidades. Decidieron hablar bajo esa condición.

Cuando EXTRA consultó sobre el patrullaje policial a cuatro vendedores que estaban reunidos en una isla de venta de artículos electrónicos, todos estallaron en carcajadas. “(Los policías solo vienen para la foto y luego se van. Regresan cuando pasa algo y a las horas. Si no, nada”, aseguró en voz alta uno de los mercaderes.

Otro señaló con su mano hacia una carpa de la Policía Nacional, que fue colocada luego de una visita ‘sorpresa’ del gobernador del Guayas, Vicente Auad, el pasado 26 de junio de 2024. Sin embargo, durante el recorrido este Diario, dicha carpa permaneció ocupada por comerciantes informales o compradores que buscaban sombra para evitar el sofocante calor guayaco.

“Este año solo dos veces he visto policías aquí: cuando vino ese ‘man’ (el gobernador Auad) y cuando inauguraron la UPC (Unidad de Policía Comunitaria) en las calles Eloy Alfaro y Colón, el pasado 6 de marzo de 2024. Tampoco es que en realidad los vendedores ambulantes la usen (la carpa), porque si se quedan mucho tiempo, unos cinco minutos, les ‘caen’ los (policías) metropolitanos a botarlos”, dijo otro vendedor del grupo.

Durante las dos horas que el equipo de EXTRA recorrió la zona, ninguna patrulla circuló por el sector. Quienes sí se encontraban en grupos de tres o cuatro en algunos puntos internos y en las entradas de los pasajes comerciales, eran los agentes metropolitanos de control.

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En algunos de estos callejones, especialmente los que negocian con artículos costosos (televisores, celulares, dispositivos electrónicos, consolas de videojuegos), han tomado precauciones adicionales y contrataron guardias privados.

Hay paseos comerciales donde los guardias pertenecen a empresas de seguridad y andan bien ‘enfierrados’; pero también existen celadores particulares que cuidan algunos pasillos, sentados sobre sillas plásticas, usando un chaleco reflectivo (sin distintivos ni protecciones) y empuñando un tolete, o palo de escoba.

El presidente de una de las decenas de asociaciones de comerciantes que existen en la Bahía indicó, bajo reserva de su nombre, que “cada asociación se organiza por su cuenta, financia (recolectando una cuota de dinero cada cierto tiempo) y contrata el servicio que cree más conveniente”.

Otro vendedor, que se animó en ese momento a opinar sobre el tema, agregó que en la Bahía “la gente no es para nada unida, cada quien ‘jala para su propio molino’, pero cuando se da la voz de alerta, todos se unen para someterlos (a los ladrones)”.

Los comerciantes prefieren no hablar cuando se les consulta si conocen la identidad de alguno de los participantes de la golpiza. Para ellos, está “más que justificado, porque ellos (los ladrones) no nos tienen pena a nosotros”, manifestó la dependiente de una tienda de venta y reparación de celulares.

“Mejor ellos (que salgan perjudicados) que nosotros”, añadió un vendedor de pantalones que iba ‘soplado’ por los pasillos, pero que alcanzó a escuchar la conversación.

El abogado penalista Giovanny Kichimbo explicó que las personas que participaron en la agresión podrían ser identificadas y enjuiciadas por el delito de asesinato, un crimen que el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica con una pena privativa de libertad de entre 22 y 29 años. Sin embargo, teniendo en cuenta las circunstancias agravantes, la sentencia podría llegar hasta los 38 años de prisión.

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“En este caso se juzga por asesinato, que es diferente al homicidio, porque ocurrió en medio de un tumulto, durante un evento de conmoción social, y esta es una de las circunstancias que constituyen este delito, que es más grave”.

Kichimbo indicó también que, al tratarse de un delito de acción pública, le corresponde a la Fiscalía actuar de oficio e investigar la muerte del hombre, independientemente de las acusaciones que pesaran sobre él. Considera que, con la gran cantidad de material audiovisual que circula sobre el incidente, se podría identificar a más de un responsable del violento ataque.

Otro aspecto a tener en cuenta, si se llega a detener a alguno de los involucrados, es que se debe determinar fehacientemente el grado de responsabilidad de cada una de las personas investigadas, ya que de ese aspecto también depende la severidad de la condena. “No es lo mismo ser juzgado en calidad de autor que en calidad de cómplice. El cómplice recibe una pena máxima equivalente a la mitad de la del autor”.

Para Kichimbo, se debe actuar con el máximo rigor, pues estas conductas no deben ser toleradas, aunque él opina que debería estar tipificada en el COIP como un delito independiente, con una sanción diferente a la del asesinato.

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