El entramado criminal que existía en Durán, formado por integrantes de la banda criminal Chone Killers y funcionarios, tenía figuras claves y sus roles estaban definidos. La organización delictiva ganó influencia y poder en instituciones cantonales. Pero desde el 6 de mayo de este 2024, a través de investigaciones, la Fiscalía y la Policía fueron identificando el esquema de pillería.

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La audiencia contra los 23 detenidos por este caso se realizó la madrugada de este jueves 15 de agosto del 2024. En la diligencia se los procesó por el delito de delincuencia organizada. Y se fijó en 90 días el plazo de la instrucción fiscal, luego de la cual se definirá si son llamados a juicio.

Los elementos de convicción presentados por la Fiscalía para fundamentar su acusación fueron revelando cómo funcionaba este esquema entre el hampa y los funcionarios.

El personaje más visible era Julio Alberto Martínez Alcívar, conocido con el alias de Negro Tulio, quien presuntamente lideraba hechos criminales en Durán. Él permanece recluido en la cárcel La Roca desde junio, cuando fue extraditado de Panamá a Ecuador.

De acuerdo con los datos obtenidos durante la investigación, el Negro Tulio habría coordinado acciones con su esposa, Alexandra Germania Estrada Aquiño, también procesada en el caso. Pero había otros ciudadanos con los que él habría tenido comunicación directa. Petter Enrique Silva Plaza fue uno de ellos.

El hombre recibía instrucciones de Negro Tulio. No es la primera vez que Petter Silva aparece en los registros de la Función Judicial. Este año, en marzo, fue procesado por asesinato. En esa causa está convocado a la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio para el próximo 9 de septiembre.

Alexandra Estrada, según los datos recabados, tendría contratos con el Municipio de Durán. Precisamente, al informar detalles de las 23 detenciones, el general Freddy Sarzosa, director general de Investigaciones de la Policía Nacional, manifestó que Alexandra y su hija (hijastra de Negro Tulio) eran accionistas de una empresa que firmó un contrato con la Alcaldía para la regeneración del parque en la cooperativa 28 de Agosto, por aproximadamente 189.000 dólares.

Otra procesada, Érika Carlota Vera Pinela, habría sido el nexo entre el líder y las instituciones públicas, para poder adjudicar los contratos. Se sospecha que esa tarea era complementada por Cindy Cristina Morán Guapisaca, funcionaria municipal que podría haber manipulado los procesos administrativos.

Ashley Mynozka Baux Vélez supuestamente colaboraba en los actos delictivos recolectando dinero. Se realizaron transacciones para ese fin.

Ángel Ecuador Molina Plaza, un hombre señalado como trabajador del Cabildo, también respondería a las disposiciones de Negro Tulio, como por ejemplo el almacenamiento de drogas.

Michael Andrés Jaén Calderón es sospechoso de la parte más ruda. Él habría planificado atentados en contra de quienes no colaboran con los fines de la organización criminal.

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Arturo (nombre protegido) ocupó un cargo de jerarquía en una institución municipal de Durán y aseguró que la intromisión de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) ya existía desde en la anterior administración.

“No sé qué tan metidos estaban pero, por ejemplo, cuando estaba en el cargo vino alguien a decirme que me ponga ‘pilas’ porque me querían secuestrar. Fui a conversar con la gente que me puso. Me dijeron que me quede tranquilo, que ya iban a hablar con el capo de la zona. Efectivamente, la gente que rondaba el edificio dejó de aparecer. Ahí me di cuenta de que había transe con los criminales”, reveló.

Además, aseguró que los contratos de servicios externos como limpieza, guardianía, insumos de oficina y de comida también los tienen los GDO, que los usan para lavar dinero.

Recordó que la intromisión era tal, que en un momento de falta de liquidez, en el que no había dinero suficiente para pagar a toda la nómina, se le hizo llegar al gerente una lista con el nombre de las personas a las que era “prioridad” pagarles, y que a mucha de esa gente ni la conocía ni aparecía nunca a trabajar.

El experto en seguridad ciudadana Kléber Carrión considera que es posible que el alcalde de Durán, Luis Chonillo, haya desconocido de las fechorías en las instituciones municipales.

“Le doy el voto de duda porque, por ejemplo, él no designa directamente al jefe de Bomberos, que en concepto es una institución independiente; diferente el caso del Registro de la Propiedad, donde sí nombra al gerente, pero tampoco podía saber que se haría mal uso de la institución”, argumentó.

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Carrión sí le endilga responsabilidad a Chonillo en la falta de supervisión y control a las autoridades. Esto se suma a las leyes correístas, proteccionistas con los criminales, que formaron el caldo de cultivo para la situación actual, indicó.

“En 2008, con la nueva Constitución, nos volvimos extremadamente garantistas, protegiendo más al victimario que a la víctima. En 2014 se aprobó un Código Orgánico Integral Penal que no sirve más que para favorecer a los delincuentes. Así el Estado hizo un acompañamiento a los criminales para que lleguen a introducirse en todos los estamentos del sector público”.

También aseguró que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización propició la corrupción, pues se entregó a los cabildos algunas competencias, como la de tránsito, y se facilitó que se arme la corrupción, como ha pasado en la Autoridad de Tránsito de Durán, también involucrada en el entramado del crimen organizado.

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