Patricia fue otra víctima del acoso de los funerarios que han sido revelados durante esta semana por EXTRA cuando su madre falleció el 12 de enero de este año. La señora, de 81 años, estaba recibiendo cuidados paliativos y dejó de moverse alrededor de las 09:00.

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Llamó al ECU 911 y recibió instrucciones para determinar si su madre aún estaba con vida. Le dijeron que colocara un espejo debajo de la nariz para verificar si estaba respirando y que la sacudiera con fuerza. No hubo respuesta.

“Me dijeron que lamentaban mi pérdida”. Después de colgar, Patricia comenzó a recibir llamadas de varios números desconocidos. No podía ni siquiera informar a sus familiares sobre el fallecimiento de su madre.

Contestó un par de llamadas y le informaron que médicos llegarían con la Policía para retirar el cuerpo.

Mientras tanto, asesores de funerarias intentaban ingresar al lugar de su residencia, pero Patricia se negó a dejarlos entrar. Finalmente, llamó a una empresa funeraria conocida, pero aún así continuaron acosándola telefónicamente durante dos horas más.

Nathalya Salazar, abogada constitucionalista, explicó que los servicios proporcionados por el ECU 911 para emergencias y levantamiento de cadáveres son de carácter público. “Al filtrar información, se estarían vulnerando los derechos de los usuarios que requieren asistencia”, señaló.

Salazar agregó que la Defensoría del Pueblo protege los derechos de los usuarios a través de la Adjuntía de Usuarios y Consumidores, que recibe y resuelve casos utilizando diversos mecanismos de defensa previamente establecidos, como la gestión oficiosa, el sumario de consumidores, el sumario de servicios públicos domiciliarios, la investigación defensorial y las audiencias ciudadanas.

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